“Así que tenemos un fuerte interés en asegurar la estabilidad y el buen gobierno en Centroamérica y queremos trabajar con quienes tienen esos mismos intereses”, afirmó en entrevista con la AFP.
Zúñiga, que la semana pasada viajó a Guatemala y El Salvador y se reunió en Washington con autoridades de Honduras, dijo que Estados Unidos avanza en su anunciado proyecto de crear una fuerza de tareas anticorrupción regional.
Va a haber una fuerza de tareas liderada por el Departamento de Justicia y otros socios que asistirá a gobiernos y servidores públicos de Centroamérica en su búsqueda no solo de casos específicos que involucran actos de corrupción, sino de sistemas que ayuden a combatir la impunidad y a prevenir la corrupción”, explicó.
“La implementación concreta es algo que vamos a negociar con socios de la región”, dijo Zúñiga, un estadounidense nacido en Honduras.
Destacó que en el Triángulo Norte ya existen esfuerzos en pos de la transparencia: en la sociedad civil, en las fiscalías y en la prensa independiente.
“Hay mucho trabajo en marcha, que vamos a seguir apoyando a través de nuestras embajadas y con la presencia de nuestros agregados legales y otros”, aseveró.
La administración Biden quiere involucrar también al Congreso.
Zúñiga recordó que la legislación estadounidense ya prevé “herramientas” para identificar y penalizar a las personas y entidades involucradas en actos de corrupción en el extranjero, como la Ley Global Magnitsky. También otorga al Departamento de Estado la potestad de negar visas a individuos señalados de corrupción.
Pero aseguró que el Congreso “estaría dispuesto a considerar” nuevas disposiciones para apoyar a quienes están trabajando contra la corrupción en Centroamérica.
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